La decisión es clave para que la actual gestión de intendente Edgar Galarza Florentín quien asumió el pasado 10 de diciembre de 2025, que heredó una crítica situación económica, pueda normalizar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores reales de la Comuna.

Se trata de un caso por una lista de personas que figuraban como personal de la Municipalidad, entre las cuales “se detectaron ñoquis” y designaciones ilegales, según había denunciado el nuevo Intendente.

Al asumir en diciembre de 2025, el equipo del flamante jefe comunal se encontró con una crítica situación económica por deudas y una irregular condición legal de los empleados de la municipalidad, entre otras graves situaciones. Cinco meses después, la Justicia provincial resolvió que no hay pruebas para determinar que las decisiones tomadas por el jefe comunal, puntualmente en relación al personal, vulneren derechos de trabajadores. La compleja situación fue heredada de la gestión del exintendente Pablo Kelo Guastavino.

“Vamos a continuar mejorando la situación del personal municipal y los servicios para todos los vecinos porque ese es nuestro compromiso ante los mburucuyanos”, dijo el intendente al destacar el fallo judicial.

La decisión de la Justicia llega luego de que el abogado representante de la comuna, contestara la demanda con un sinfín de argumentos que sustentaron las decisiones tomadas por el jefe comunal por las evidencias de irregularidades detectadas en torno al personal. “Trabajamos por el bien de la administración pública para el bien de todos los trabajadores y vecinos de Mburucuyá”, afirmó letrado al confirmar la noticia del fallo.

El juez Civil y Comercial 8 de Corrientes, Leonardo Roberto Sánchez, resolvió “rechazar la acción de amparo interpuesta”, dice el fallo en relación a una demanda promovida por supuestos trabajadores de la Municipalidad sin prestación de servicios acreditados.

El magistrado dejó en claro que “entrando al estudio de la demanda y su contestación, se advierte que la arbitrariedad o ilegalidad que se reclama, no surge de manera manifiesta”.

Pero, además, el juez revoca la medida cautelar que había dictado-en la parte resolutiva- “por haber desaparecido los presupuestos que justificaron su dictado, sin perjuicio de los derechos que pudieran hacerse valer por las vías pertinentes”.

Así, la Justicia provincial tuvo en cuenta la contestación del amparo presentada por el abogado Cubilla Podestá, quien asiste al equipo del intendente ante un sinfín de irregularidades dejadas en la Municipalidad por la gestión anterior.

Los argumentos planteados por el representa legal del municipio de Mburucuyá ante la Justicia indican que el intendente actual se encontró con una lista de personal que carecía de sustento legal al no contener las debidas documentaciones exigidas por la legislación laboral y que, únicamente, consistía en una lista de nombres y apellidos como personal municipal. A su vez, la pesada herencia está en lo económico porque la gestión anterior no dejó partidas presupuestarias correspondientes para pagar salarios mensuales despropocionados a un grupo de personas que, a su vez, tampoco tenían funciones específicas asignadas de acuerdo a la legislación correspondiente.

El Municipio, ya en 2026, había tomado la decisión de no pagar el salario de aquellos que ni siquiera se habían presentado a trabajar al Municipio y que solamente figuraban en una lista de nombres y apellidos sin documentación legal que respalde que eran empleados de planta.

En todo ello consiste el primer fallo ganado por la nueva gestión de Mburucuyá que continúa tomando decisiones para legalizar y mejorar las condiciones laborales y salariales del personal con el objetivo principal de cumplir con la exigencia del Estado para prestar sus distintos servicios ante la comunidad.

Los argumentos

“El Juez entendió que no existe ilegalidad en las decisiones tomadas por el nuevo Intendente. Les dijo a los trabajadores que concurran por otra vía para probar si es que son empleados de la planta permanente. En principio, el juez sostiene que, con las pruebas aportadas por amparistas y las pruebas presentadas por la Municipalidad, no puede decir que haya derechos vulnerados”, especificó el abogado representante de la comuna.

“Con esta decisión judicial, la maniobra que habían formulado el exintendente y un grupo de supuestos trabajadores no logró el objetivo de esconderlos”, señaló el abogado. “Las decisiones del Intendente Galarza Florentin no son ilegales ni arbitrarias”, agregó el letrado