El proyecto busca no solo llevar un control de las personas sancionadas por maltrato animal, sino también consolidar políticas públicas centradas en la prevención, la educación y la concientización sobre el bienestar animal.

Según datos aportados por el área de Bienestar Animal del Municipio, desde 2021 se concretaron más de 200 allanamientos vinculados a presuntas infracciones de la Ley Nacional Nº14.346, todos requeridos por la Justicia ordinaria. Además, se registraron 1.320 denuncias y reclamos a través de canales oficiales como la línea 147, el Munibot y la aplicación municipal.

Para Olivera, estas cifras evidencian una problemática en crecimiento que requiere una respuesta institucional más firme y efectiva.

La ordenanza prevé que sean incorporadas al registro aquellas personas con condena firme o sancionadas por reincidencia en casos de maltrato animal. Entre las medidas más severas se contempla la prohibición de tener animales a cargo durante cinco años.

Asimismo, en situaciones de reincidencia, los infractores deberán asistir obligatoriamente a capacitaciones sobre derecho animal y tenencia responsable.

“La sanción económica por sí sola no alcanza para frenar conductas de violencia y abandono”, sostuvo la edil, quien aclaró que el objetivo no es generar un “escarnio público”, sino contar con una herramienta administrativa que permita garantizar adopciones responsables y prevenir nuevos hechos de maltrato.

La propuesta también se sustenta en la Ley Nº22.421 de fauna silvestre e incorpora estándares internacionales vinculados al bienestar animal, tomando como referencia las cinco libertades reconocidas mundialmente: ausencia de hambre y sed, de dolor y sufrimiento, de enfermedades, de miedo y estrés, y la posibilidad de desarrollar comportamientos naturales propios de cada especie.