La jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, quien tuvo a su cargo la investigación por la desaparición de Loan Peña, podría ser convocada a declarar ante el Consejo de la Magistratura. La Comisión de Disciplina y Acusación analizará una propuesta presentada por el consejero Álvaro González.

La iniciativa será tratada en el marco del expediente N° 164/2023, caratulado “Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) c/ Dra. Cristina Pozzer Penzo”, al que luego se incorporaron otras dos actuaciones remitidas por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y el Tribunal Oral Federal de esa provincia.

Si la propuesta prospera, la magistrada deberá declarar en el procedimiento disciplinario que lleva adelante el Consejo de la Magistratura. La denuncia apunta a supuestas conductas vinculadas con el “abuso de autoridad” y el “maltrato laboral”, según explicó su abogada, Valeria Barbitta, a Infobae.

Desde la defensa rechazaron las acusaciones y aseguraron que la denuncia se apoya en “hechos descontextualizados y afirmaciones absolutamente falsas”.

Según señalaron, se calificaron como situaciones de maltrato algunos episodios de sobrecarga laboral que, en realidad, estarían relacionados con las tareas propias del Juzgado Federal de Goya y con el cumplimiento de las normas de calidad ISO.

“El juzgado tiene poco personal en relación con el caudal de trabajo, pero nada de ello se relaciona con los deseos o comportamientos de la jueza”, sostuvieron. Además, afirmaron que Pozzer Penzo está siendo señalada “injustamente” por un sector del sindicato judicial.

Ante la propuesta de convocarla, la defensa presentó un escrito para pedir que sea rechazada por considerarla “prematura e infundada”.

Las abogadas aclararon que su planteo no busca demorar el expediente. Según explicaron, todavía debe producirse prueba testimonial solicitada desde hace tiempo por la magistrada y que, de acuerdo con su postura, permitiría demostrar la falsedad de la denuncia.

También explicaron que la convocatoria no sería una indagatoria en sentido estricto, debido a que no se trata de un proceso penal, sino de un trámite administrativo dentro del Consejo de la Magistratura. En caso de aprobarse la propuesta, Pozzer Penzo sería llamada a declarar sobre las conductas que se le atribuyen.

Consultada, la jueza aseguró que las actuaciones “realmente son por supuestos malos tratos al personal” y que se originaron a partir de un reclamo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), presentado luego de que asumiera como jueza federal.

Pozzer Penzo agregó que posteriormente se sumaron cuestionamientos por su relación con los medios de comunicación y por una presunta violación del secreto profesional.

La magistrada negó las acusaciones y aseguró que fue refutando “cada uno de los hechos” mediante “prueba objetiva”. También afirmó que no tiene causas penales ni antecedentes y sostuvo que su legajo es “impecable”.

Según consideró, las denuncias están relacionadas con su trabajo en investigaciones contra el crimen organizado y en causas complejas. Pozzer Penzo, quien aseguró que lleva 20 años como jueza penal, también señaló que desde 2021 cuenta con una certificación ISO de gestión de calidad y que se encuentra concursando para integrar la Cámara Federal de Corrientes.

Además, afirmó que denunció hostigamientos e injurias y cuestionó los vínculos entre el titular de la UEJN, Julio Piumato, y el poder político correntino. “Existe una desigualdad de poder entre mi persona y el sindicato”, sostuvo.

En paralelo, y en medio de las críticas que recibió durante el juicio oral por su actuación en la investigación por la desaparición de Loan Peña, días atrás la familia del niño difundió un comunicado para expresarle su respaldo.

La familia agradeció a Pozzer Penzo por su trabajo y sostuvo que fue “agraviada y atacada injustamente durante toda la instrucción de la causa” y que continuaba siendo cuestionada por los imputados y sospechosos de la sustracción de Loan y del entorpecimiento de la investigación.

También señalaron que esos cuestionamientos incluyeron pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura que calificaron como “totalmente infundados”.

La familia destacó que el trabajo realizado durante la instrucción permitió que el expediente llegara a juicio oral y expresó su “plena solidaridad” con la jueza.

Pozzer Penzo estuvo a cargo de la instrucción del caso Loan junto con el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y fue quien dispuso la elevación de la causa a juicio oral.

Con información de Infobae