El trabajo, titulado "Mate mal cebado: desregulación de la yerba mate, una economía regional", sostiene que la pérdida de facultades regulatorias del INYM dejó al sector sin herramientas para equilibrar un mercado caracterizado por una fuerte asimetría entre miles de pequeños productores y un reducido grupo de empresas que dominan la industrialización y comercialización.

Un mercado cada vez más concentrado

De acuerdo con el relevamiento, la desregulación iniciada a partir del DNU 70/2023 y profundizada posteriormente mediante nuevas disposiciones nacionales eliminó la capacidad del organismo para fijar precios de referencia y administrar los stocks de producción.

Para los autores del informe, lejos de promover una mayor competencia, la medida favoreció la concentración del negocio yerbatero en manos de grandes actores económicos.

La investigación señala que actualmente existen alrededor de 12.500 productores primarios, en su mayoría pequeños colonos con explotaciones familiares de entre cinco y ocho hectáreas. Sin embargo, apenas diez empresas concentran más de tres cuartas partes del procesamiento industrial de yerba mate.

Según el documento, tres firmas explican casi la mitad del volumen industrializado del país, mientras que en la etapa comercial diez marcas concentran cerca del 80% de las ventas destinadas al consumo interno.

Derrumbe de precios y pérdida de ingresos

Uno de los datos más preocupantes es la fuerte caída del valor que reciben los productores por la hoja verde.

Mientras que a fines de 2023 los reclamos del sector ubicaban el precio entre los 350 y 500 pesos por kilo, actualmente numerosos productores independientes perciben entre 80 y 90 pesos por kilo cosechado.

La Fundación DHI estima que esta situación provocó una transferencia de recursos desde el sector productivo hacia los eslabones más concentrados de la cadena, generando pérdidas cercanas a los 200.000 millones de pesos durante el primer año de aplicación del nuevo esquema.

A pesar de que el consumo de yerba mate continúa siendo uno de los más altos del país y alcanza a nueve de cada diez hogares argentinos, los productores denuncian que los ingresos actuales no permiten cubrir los costos de producción.

Los tareferos, entre los sectores más afectados

La crisis también impacta con fuerza sobre los trabajadores rurales encargados de la cosecha, conocidos como tareferos.

El informe calcula que alrededor de 13.000 personas dependen de esta actividad en Misiones, muchas de ellas bajo condiciones de informalidad o con registros laborales incompletos.

Aunque la normativa vigente establece valores mínimos para la cosecha de hoja verde cercanos a los 77 pesos por kilo, los relevamientos realizados en territorio indican que numerosos trabajadores perciben apenas 40 pesos por kilo cosechado.

Los investigadores advierten que la caída del precio pagado al productor repercute de manera inmediata sobre los ingresos de los cosecheros, profundizando situaciones de precariedad laboral y vulnerabilidad social.

Crece la migración hacia Brasil

Otro de los fenómenos que refleja el deterioro económico del sector es el aumento de la migración laboral hacia Brasil.

Según el informe, localidades fronterizas de Misiones registran una creciente salida de trabajadores jóvenes que buscan oportunidades laborales en actividades agrícolas, obras de construcción y servicios del país vecino.

Los datos citados indican que la cantidad de argentinos que tramitaron documentación laboral brasileña se multiplicó en los últimos años, pasando de promedios cercanos a los 8.000 registros anuales a cifras que rondan los 40.000 trámites durante 2025.

Para los autores, este fenómeno constituye una señal directa de las dificultades que enfrenta el mercado laboral regional para absorber mano de obra y garantizar ingresos suficientes.

Propuestas para revertir la crisis

Frente a este escenario, la Fundación DHI propuso una serie de medidas destinadas a recomponer la actividad productiva y proteger a trabajadores y pequeños productores.

Entre las principales iniciativas figuran la restitución de las facultades regulatorias del INYM, la implementación de mecanismos de administración de stocks, la fijación de precios mínimos que contemplen el impacto sobre los salarios de los tareferos y una mayor representación de los trabajadores rurales dentro de los órganos de decisión del organismo.

También plantean fortalecer el cooperativismo y desarrollar herramientas de intervención pública que permitan estabilizar los precios en momentos de crisis.

Según los especialistas, el debate excede a una economía regional y pone en discusión el futuro de miles de familias vinculadas históricamente a una de las producciones más emblemáticas del país, cuya sustentabilidad económica y social hoy aparece atravesada por fuertes tensiones.