El cónclave, desarrollado en el edificio de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Santo Tomé, sentó en la misma mesa a los responsables de custodiar ambos márgenes del río. Por el lado correntino, el diseño del operativo estuvo a cargo del director general de Seguridad Rural y Ecológica, el comisario general Gerardo Torres, junto al jefe de la Unidad Especial local, el comisario mayor José María Borone.

La representación brasileña llegó con directivas claras para aportar inteligencia y capacidad operativa desde el otro lado del charco. La comitiva estuvo encabezada por la cúpula del 48° Batallón de la Policía Militar de São Borja, a través de su comandante, el teniente coronel Rogério Armando Bueno Hoffmann Filho, acompañado por el primer teniente Laurindo Adão Gibicoski de Souza, jefe de la Fuerza Táctica.

El dispositivo de seguridad se completó con el despliegue fluvial de la Prefectura, representado por el prefecto de Zona Alto Uruguay, José Alarcón Torres, el jefe de la delegación Santo Tomé, Rubén Antonio Nievas Chocobar, y el titular de la base Alvear, Luis Gabriel May Corrales.

INFORMACIONES CLAVE

El diagnóstico compartido por los uniformados fue contundente y apuntó directamente a la característica transfronteriza del delito. Los delincuentes aprovechan la permeabilidad del Uruguay para golpear en las estancias y esfumarse hacia el territorio vecino.

Frente a este escenario, la respuesta acordada establece un cerrojo de tres niveles. La Policía Rural apretará las marcas sobre el territorio provincial, la Prefectura intensificará el patrullaje en la frontera fluvial y las fuerzas de Rio Grande do Sul activarán los resortes necesarios para neutralizar la comercialización y el movimiento del otro lado de la frontera.

PROPUESTA CORRENTINA

Para materializar esta estrategia, el comisario general Torres puso sobre la mesa la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos de su división. La clave del éxito radicará en la velocidad del intercambio de información entre las agencias. El objetivo común que resonó en los pasillos de la Prefectura es claro y directo, buscando garantizar que el río Uruguay deje de ser una autopista libre de peaje para quienes viven del esfuerzo de los productores rurales correntinos.

FOTOS: POLICÍA RURAL