Fernando Santich, integrante de FOPEA, dialogó con Radio Sudamericana y explicó los motivos que llevaron a la organización a exponer ante la CIDH el agravamiento de los ataques contra el periodismo durante la gestión de Javier Milei.

El objetivo fue advertir sobre "el agravamiento de la hostilidad por parte del Ejecutivo nacional y las restricciones en el acceso a la información pública", problemática que motivó el pedido de audiencia. "La CIDH accedió porque consideró factible discutir el estado de la libertad de expresión en la Argentina", señaló Santich.

La delegación argentina viajó a Miami para participar de este encuentro breve, de alrededor de media hora, en el que las organizaciones contaron con 20 minutos para exponer el cuadro de situación. Allí presentaron datos, testimonios y casos concretos que, según afirmaron, evidencian un clima de amedrentamiento.

Santich fue contundente: "Hay un deterioro marcado de la libertad de expresión y de prensa en Argentina, producto de una campaña orquestada desde el poder político, puntualmente desde el Presidente de la Nación".

Los datos presentados resultan alarmantes. En 2023 se registraron 179 casos de ataques, amenazas u hostigamiento contra periodistas. En 2024 la cifra ya supera los 260 casos, mostrando un incremento acelerado respecto al año anterior.

Uno de los testimonios expuestos fue el del periodista Hugo Alconada Mon, quien denunció intentos de hackeo en sus cuentas personales y campañas de desprestigio tras publicar información vinculada a un reporte de inteligencia que advertía posibles riesgos para la libertad de prensa.

Para FOPEA, estos episodios no son aislados sino parte de "una campaña generalizada de hostigamiento desde el poder público hacia los periodistas en Argentina".

Santich remarcó la importancia del rol periodístico frente al discurso oficial que minimiza o deslegitima la tarea de los medios. "El presidente dice que no necesitamos periodistas porque él puede informar a través de sus redes sociales. Eso es mentira. Las redes sociales no informan, son un enorme canal de desinformación", afirmó.

Y agregó: "Tenemos que explicarle a la gente por qué pasan las cosas, para que pueda tomar decisiones basadas en información fundada".

Al cierre de la audiencia, FOPEA y Poder Ciudadano presentaron un paquete de pedidos para frenar el deterioro de la libertad de expresión y proteger la labor periodística. Entre las solicitudes figuran una misión oficial de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y un informe exhaustivo sobre Argentina, la derogación del Decreto 780/2024 por limitar la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, y la creación de un Observatorio Permanente sobre libertad de expresión.

También solicitaron activar el acuerdo vigente entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema argentina para fortalecer la protección judicial a periodistas, y un protocolo que garantice litigio sin costos económicos en reclamos por acceso a información pública.