En relación a la variación anual en la CBT fue de 15,70% y en la CBA de 13,67%. Mientras que la variación acumulada fue de 7,49% en ambas canastas". Además, señaló que "lo que una familia necesitó en el mes de septiembre para superar la pobreza fue $973.446,73, y para que sus ingresos estén por encima de la línea de indigencia requirió $426.950,32".

Lagraña sostuvo que "los mayores incrementos se sostienen en la CBT debido a las diversas políticas regresivas del gobierno nacional, que solo han significado un brutal ajuste y deterioro constante de la calidad de vida de las familias".

En este sentido, mencionó la "quita de subsidios de los servicios como viene sucediendo en el transporte y la energía, que se trasladan también a precios y que significan un costo importante para las economías de los hogares". También hizo referencia a los aumentos en "comunicación, alquileres y educación", rubros que inciden directamente en el bienestar familiar.

La referente del ISEPCI añadió que "en relación a la CBA el rubro con mayor incremento en el mes de septiembre fue el de almacén con un 0,29%. Los alimentos y productos con más aumentos fueron: jugo concentrado 14,58%, yogurt firme 9,09% y queso crema 7,69%".

Subrayó que tales variaciones resultan significativas "porque se dan en un contexto en el cual persisten problemáticas estructurales como la caída del consumo, el incremento del trabajo informal, los bajos o congelados ingresos y la destrucción constante del empleo formal".

Asimismo, Lagraña enfatizó que "las familias se encuentran más endeudadas que en periodos anteriores" y que la "persistencia de la devaluación y la incapacidad de ahorro agravan las condiciones de vida cotidianas".

Consideró que las políticas nacionales actuales "solo favorecen a sectores concentrados de la economía y a la casta en nuestro país", al tiempo que "aumentan a niveles extraordinarios la deuda externa y suman más irregularidades y denuncias a su gestión".

Finalmente, la directora del ISEPCI Corrientes advirtió que las medidas económicas implementadas "han llevado adelante acciones políticas que destruyen la calidad de vida de las familias en general y en particular la de las y los trabajadores, jubilados, pensionados y personas con discapacidad". Según su análisis, estas políticas "ponen en cuestión y en peligro derechos fundamentales como la Educación y la Salud Pública".